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miércoles, 10 de abril de 2013

Ya está personal de profepa revisando mina canadiense



Funcionarios de gobierno plantean a ejidatarios que pidan a empresa desistan de denuncia para liberar a los cinco arraigados. Casi casi los mandan a pedir perdón…


José Luis Jara



Después que los detienen a 48 ejidatarios de manera ilegal, después de que  mantienen a cinco representantes del Ejido San Antonio de la Huerta arraigados en un hotel de la ciudad, los funcionarios del gobierno del estado les pidieron a estas personas que fueran con la empresa minera a pedirles que desistan de la demanda que interpusieron contra los arraigados.
Los demandaron por despojo agravado, un delito grave porque no podrían salir ni bajo fianza. Lo curioso, es que una empresa extranjera demandó a los dueños del terreno por despojo.
Como todos los días desde el pasado viernes, los ejidatarios e integrantes de la comunidad de San Antonio de la Huerta, en el municipio serrano de Soyopa, se la pasaron como judíos errantes por la plaza Zaragoza, esperando los resultados de las negociaciones que llevan con  Eduardo Amaya, director de la Secretaría de Gobierno.
Esperan en la plaza porque quieren la liberación de las cinco personas arraigadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En tanto transcurrieron las horas, en las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, su nuevo delegado, Ulises Cristópulos dio una rueda de prensa sobre la convocatoria a elaborar plan nacional para enfrentar el cambio climático.
El tema obligado fue el caso de la mina canadiense que trabaja en los terrenos de ese ejido San Antonio, el que vive el conflicto de las cinco personas arraigadas.
El delegado de Semarnat dijo que “en su momento, la empresa cumplió con los requisitos legales para trabajar. Año con año se revisan los permisos por parte de la Procuraduría Federa del Medio Ambiente. Y de acuerdo con ello, la última revisión que se le practicó a la mina Libertad, fue aproximadamente un año. El resultado de esa revisión es que sí cumplió con la normatividad.
Sin embargo, a raíz de la denuncia que interpusieron los ejidatarios del lugar ante la Semarnat, se acordó realizar una revisión a los permisos que otorga esta dependencia. En este sentido, dijo que personal de la Profepa ya se encuentra en el ejido para realizar esta tarea.
Ellos tienen una semana para realizar el trabajo. En función de ese resultado, se van a tomar las medidas que la procuraduría del medio ambiente determine, apuntó Ulises Cristópulos.
El personal de Profepa –explicó el delegado de Semarnat- revisará cada uno de los puntos de los permisos y de las denuncias que interpusieron los ejidatarios.
Entre esos aspectos, se encuentra la denuncia de la presumible contaminación del manto acuíferos, del arroyo La Culebra, del pozo donde la comunidad extrae el agua para su consumo.
En las preguntas y respuestas, el funcionario dijo que la empresa minera canadiense tiene el permiso de la Secretaría de Economía para extraer oro, plata y cobre. Por  se le dio un permiso para manejar tóxicos para extraer esos metales de las rocas, como el cianuro y otras sustancias tóxicas.

Puras promesas de buenas noticias

En tanto, los ejidatarios y habitantes de San Antonio de la Huerta se mantuvieron en la plaza Zaragoza. Estuvieron esperando los resultados de una comisión de representantes del ejido con funcionarios de gobierno.
Hasta las dos de la tarde, aproximadamente, salieron de esa reunión dos representantes, entre ellos Irma Acedo Miranda, quien informó del resultado de las pláticas.
Los comisionados se reunieron con los ejidatarios y pobladores de San Antonio para informar de los resultados
Les dijeron que las buenas noticias siguen a la espera, que los cinco arraigados van a salir libre, pero que no saben el día que va a suceder.
Los representantes del gobierno estatal les recomendaron que fueran a buscar a la empresa para dialogar, para plantearles que se desistan de las acusaciones contra los cinco detenidos.
Les confirmaron que personal de Profepa ya se encuentra en San Antonio para revisar si la empresa minera cumple con los requisitos legales y verificar si existe alguna contaminación, como lo señalaron los ejidatarios.
De inmediato los de San Antonio nombraron una comisión y se enfilaron a las oficinas de la empresa, para hacerles la solicitud para que desistan de las acusaciones contra los representantes del ejido y los dos asesores.
Fueron prácticamente a pedirle perdón a la empresa extranjera, quienes al parecer viven en un país donde las cosas funcionan al revés, donde los extranjeros acusan de despojo agravado a los mexicanos, a los dueños de la tierra.



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