Funcionarios de gobierno plantean a ejidatarios que pidan a empresa desistan de denuncia para liberar a los cinco arraigados. Casi casi los mandan a pedir perdón…
José Luis Jara
Después que
los detienen a 48 ejidatarios de manera ilegal, después de que mantienen a cinco representantes del Ejido
San Antonio de la Huerta arraigados en un hotel de la ciudad, los funcionarios
del gobierno del estado les pidieron a estas personas que fueran con la empresa
minera a pedirles que desistan de la demanda que interpusieron contra los
arraigados.
Los
demandaron por despojo agravado, un delito grave porque no podrían salir ni
bajo fianza. Lo curioso, es que una empresa extranjera demandó a los dueños del
terreno por despojo.
Como todos
los días desde el pasado viernes, los ejidatarios e integrantes de la comunidad
de San Antonio de la Huerta, en el municipio serrano de Soyopa, se la pasaron
como judíos errantes por la plaza Zaragoza, esperando los resultados de las
negociaciones que llevan con Eduardo
Amaya, director de la Secretaría de Gobierno.
Esperan en
la plaza porque quieren la liberación de las cinco personas arraigadas por la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
En tanto
transcurrieron las horas, en las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, su nuevo delegado, Ulises Cristópulos dio una rueda de
prensa sobre la convocatoria a elaborar plan nacional para enfrentar el cambio
climático.
El tema
obligado fue el caso de la mina canadiense que trabaja en los terrenos de ese
ejido San Antonio, el que vive el conflicto de las cinco personas arraigadas.
El delegado
de Semarnat dijo que “en su momento, la empresa cumplió con los requisitos
legales para trabajar. Año con año se revisan los permisos por parte de la
Procuraduría Federa del Medio Ambiente. Y de acuerdo con ello, la última
revisión que se le practicó a la mina Libertad, fue aproximadamente un año. El
resultado de esa revisión es que sí cumplió con la normatividad.
Sin
embargo, a raíz de la denuncia que interpusieron los ejidatarios del lugar ante
la Semarnat, se acordó realizar una revisión a los permisos que otorga esta
dependencia. En este sentido, dijo que personal de la Profepa ya se encuentra
en el ejido para realizar esta tarea.
Ellos
tienen una semana para realizar el trabajo. En función de ese resultado, se van
a tomar las medidas que la procuraduría del medio ambiente determine, apuntó
Ulises Cristópulos.
El personal
de Profepa –explicó el delegado de Semarnat- revisará cada uno de los puntos de
los permisos y de las denuncias que interpusieron los ejidatarios.
Entre esos
aspectos, se encuentra la denuncia de la presumible contaminación del manto
acuíferos, del arroyo La Culebra, del pozo donde la comunidad extrae el agua
para su consumo.
En las
preguntas y respuestas, el funcionario dijo que la empresa minera canadiense tiene
el permiso de la Secretaría de Economía para extraer oro, plata y cobre.
Por se le dio un permiso para manejar
tóxicos para extraer esos metales de las rocas, como el cianuro y otras
sustancias tóxicas.
Puras
promesas de buenas noticias
En tanto,
los ejidatarios y habitantes de San Antonio de la Huerta se mantuvieron en la
plaza Zaragoza. Estuvieron esperando los resultados de una comisión de
representantes del ejido con funcionarios de gobierno.
Hasta las
dos de la tarde, aproximadamente, salieron de esa reunión dos representantes,
entre ellos Irma Acedo Miranda, quien informó del resultado de las pláticas.
Los
comisionados se reunieron con los ejidatarios y pobladores de San Antonio para
informar de los resultados
Les dijeron
que las buenas noticias siguen a la espera, que los cinco arraigados van a salir
libre, pero que no saben el día que va a suceder.
Los
representantes del gobierno estatal les recomendaron que fueran a buscar a la
empresa para dialogar, para plantearles que se desistan de las acusaciones
contra los cinco detenidos.
Les
confirmaron que personal de Profepa ya se encuentra en San Antonio para revisar
si la empresa minera cumple con los requisitos legales y verificar si existe
alguna contaminación, como lo señalaron los ejidatarios.
De inmediato
los de San Antonio nombraron una comisión y se enfilaron a las oficinas de la
empresa, para hacerles la solicitud para que desistan de las acusaciones contra
los representantes del ejido y los dos asesores.
Fueron
prácticamente a pedirle perdón a la empresa extranjera, quienes al parecer
viven en un país donde las cosas funcionan al revés, donde los extranjeros
acusan de despojo agravado a los mexicanos, a los dueños de la tierra.
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