Los cuartos de tortura en la PEI

Práctica de la tortura en Sonora para obligar declaraciones a PGJES, caso de Juan Francisco Cabrera

A Juan Francisco Cabrera lo detuvieron ilegalmente, lo torturaron para que firmara una falsa declaración y lleva 5 meses purgando un delito que no cometió. La CEDH emitió recomendaciones a procuraduría, pero ésta no responde

El cuartito de torura de la PEI en una ispección ocular de la denuncia

José Luis Jara

El 24 de noviembre de 2012 en la noche, a Jesús Francisco Cabrera Ramos lo metieron en unos cuartitos oscuros que existen al fondo en la base de la Policía Estatal Investigadora. Lo arrastraron por el piso como si fuera un trapeador, con las piernas esposadas a una larga cadena.

Fueron cuatro agentes de la Policía Estatal Investigadora quienes lo metieron a ese cuarto de tortura. Lo amenazaron con matarlo, a él y a sus hijos, que le provocarían el aborto a su esposa, que estaba embarazada. Que si no cooperaba, lo iban a matar y lo iban a dejar por ahí tirado.

Uno de los agentes portaba un arma de alto poder. Lo desnudaron  y enseguida le asestaron un duro golpe en la parte trasera de la cabeza que lo tumbó al piso frío. Lo encadenaron y lo esposaron. Con vendas elásticas lo amarraron de los tobillos, rodillas y muñecas. Luego le vendaron toda la cabeza hasta casi provocarle asfixia.

Un agente de la PEI se subió encima de sus piernas y cintura. Otro, como si fuera gorila, le puso una rodilla en el pecho y lo empezó a presionar hasta hacerle imposible la respiración. Y un cuarto agente, inició el angustioso rito de la tortura con agua. Le empezó a echar un chorro en la cara hasta empapar las vendas que lo cubrían. Jesús Francisco se empezó a asfixiar y los recuerdos de su esposa embarazada se presentaron como otra tortura de preocupación.

Sus hijos también se le fueron a la mente, pequeños todos y con el alto riesgo de no volverlos a ver, pensaba.

Fueron cuatro agentes de la PEI quienes   se encargaron de torturar a Juan Francisco. Frente a ellos, se encontraba el agente del ministerio público, Luis Horacio Salcido Soto y el secretario de acuerdos, otro abogado de apellido López Peña.

En ese cuartito, donde violaron los derechos humanos de Juan Francisco, también estuvieron presentes tres secretarios de la procuraduría, quienes se encargaron de redactar la supuesta declaración que obligaron a firmar a Juan Francisco.

Si no firmaba, lo amenazaban con el arma de fuego y de volver al cuarto de tortura. Y a Juan Francisco le retumbaba en la cabeza los recuerdos de su esposa embarazada, de sus hijos  pequeños, le generaron un miedo tremendo, por no volverlos a ver.

Los agentes de la PEI le insistían “aquí vienes a declarar por las buenas o por las malas, aquí vas a declarar a huevo y si no a madrazos, pero  vas a declarar”.

Juan Francisco negó las acusaciones que le imputaron y los agentes de la PEI lo tumbaron al suelo, le apretaron las esposas y le empezaron a echar más agua en la cara cubierta con vendas. Lo asfixiaron hasta casi perder el conocimiento.

El recuerdo de su familia le golpeaba el cerebro. El miedo se apoderó de él y fue cuando decidió firmar las falsas declaraciones. Por su familia firmó las supuestas declaraciones que le inventaron. Y desde entonces, se encuentra penando un delito que presumiblemente no cometió.

Su esposa sale a su defensa

Ya han transcurrido cerca de cinco meses de esa detención. Y la esposa de Juan Francisco, Concepción Montaño Sandozequi, se decidió hacer pública la denuncia de tortura contra su esposo.

Ofreció una conferencia de prensa donde informó que interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el mismo 24 de noviembre, día en que detuvieron ilegalmente a su esposo.

Desde entonces, este organismo inició la investigación y acordó emitir una serie de recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado para reparar el daño ocasionado, que permita el restablecimiento9 de la condición física y sicológica en que se encontraba Juan Francisco previo a la violación de sus derechos humanos.

Otra recomendación a la procuraduría es para que giren instrucciones para que colaboren en esta queja que la CEDH promueve ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Sonora en contra de los agentes de la PEI de nombres Moisés Ramos Meza, Aaron Armando Berkowitz Sanzarric, Luis Alejandro Pérez Ramírez y el agente del MP del sector II, Luis Horacio Salcido Soto. La comisión de derechos humanos recomienda una investigación la actuación de los servidores públicos involucrados en estos hechos

La señora Montaño se presentó ante los medios de comunicación. Vengo aquí para decir la verdad, dijo, y empezó a relatar los hechos.

Dijo que su esposo Juan Francisco Cabrera Ramos, es abogado que trabajaba en el área jurídica del Centro de Readaptación Social I de Hermosillo y  que el pasado 24 de noviembre,  acudió a rendir declaración como testigo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora sobre tres casos relacionados con libertades a internos otorgadas ilícitamente.

Es decir, fue a declarar como testigo ante un problema de delito de fuga de reos.

A Juan Francisco lo detuvieron el 24 de noviembre del año pasado, pero la noticia de su caso fue dada a conocer el 23 de febrero de este año, donde el procurador de justicia del estado, Carlos Navarro Sugich dio a conocer la supuesta existencia de una red de corrupción en el Cereso I de Hermosillo.

La noticia de ese día decía que detuvieron a 9 funcionarios públicos por la presunta participación para la salida de cinco reos, a quienes les modificaron el registro de penalización. Supuestamente, esos funcionarios del área jurídica del Cereso I, modificaron el sistema de procesados y sentenciados para reducir la pena de las personas que estaban purgando su condena. Una vez que reducían en el sistema informático de los Ceresos, los internos alcanzaban su libertad mediante revisión e impresión de la boleta de salida, de manera que los cinco reos salieron por la puerta principal.

Los nueve funcionarios detenidos fueron Gastón Walterio Walters Padilla, que fungía como director jurídico del sistema Estatal Penitenciario; Jesús Francisco Cabrera Ramos, Rodolfo Leonardo Barceló Moreno, David Robles Santacruz y Gerardo Sandoval.

Se dio a conocer que existen tres prófugos: Iván Rafael López Tarazón, quien era el subdirector jurídico; Jesús Mendoza Alegría, auxiliar jurídico y Francisco José Núñez Ruiz, que se desempeñaba como oficial.

Los hechos

La señora Montaño dijo que su esposo tiene cinco meses detenido por un delito que no cometió.

Dijo que el 24 de noviembre del 2012 fue llamado a declarar como testigo. Ya lo había hecho antes y en esta ocasión acudió a eso de mediodía a la procuraduría general de justicia.

De acuerdo al expediente de la CEDH/II/22/01/01767/2012, Juan Francisco narró los hechos del 24 de noviembre. Dijo que recibió una llamada del secretario de acuerdos, López Peña, para presentar una ampliación.

A las 12 de mediodía se presentó en la procuraduría donde le muestran un acta de libertad donde no se encuentra su firma. Lo retienen unas cuatro horas, le informan que el secretario se ocupó y firma su declaración testimonial.

Cuando se retira y al llegar al estacionamiento por su carro, le llamó por teléfono a su esposa. Apenas le informaba que iba saliendo de la procuraduría cuando se le acercaron dos agentes de la PEI. Le tomaron las manos, se las torcieron y le pusieron las esposas.

Cabrera es abogado y sabe que para detener a cualquier persona, se requiere una orden de aprehensión. Se las pidió a los agentes y ellos le respondieron: no te preocupes por eso. Abrieron la patrulla y lo subieron con una patada en  la espalda.

Cabrera insistió, les dijo que era un secuestro, pero los agentes, a su estilo, le dijeron: no la hagas de pedo  porque vas a valer verga.

Se lo llevaron a la PEI y lo metieron a uno de esos cuartitos oscuros que están al fondo de las instalaciones. Afuera se quedó un agente de la PEI, alto, pelón, con un rifle de alto poder. Le piden el nombre de su padre, de sus hermanos y le empezaron hacer un chorro de preguntas. Juan Francisco les pide que lo dejen hacer la llamada telefónica a la que tiene derecho todo indiciado, pero le dicen que ya tienen la pericial, que ya tiene su firma.

Le dicen que no se haga pendejo, que debe firmar. Entonces entraron dos personas más quienes le empezaron a quitar la camisa, luego el pantalón. Lo empujaron al suelo y le ponen esposas en las rodillas. Luego sacaron unas vendas, le apretaron las esposas de las manos y en el piso, le empezaron a vendar la cara. Le dieron como unas 15 vueltas en la cara con las vendas.

Lo arrastraron como si fuera un trapeador viejo, le dieron patadas y le pisaron las rodillas. Ya cuando no podía respirar, cuando le habían sacado todo el aire de los pulmones, le echaron agua a chorros en la cara, hasta ahogarlo. Lo arrastran de  nuevo por el cuartito de torturas y le empiezan a preguntar sobre su participación en el delito de fuga de reos.

Juan Francisco casi cae desmayado. Y  los agentes lo reaniman, lo dejan respirar un momento. Y cuando casi se recupera, los agentes volvieron a la sesión de tortura y asfixia contra Juan Francisco

Su esposa embarazada

La señora Montaño estaba embarazada cuando detuvieron a su esposo. De hecho, dice la señora que estaba hablando con su esposo en el momento en que lo detuvieron. Juan Francisco había salido de dar sus declaraciones ministeriales en calidad de testigo de la procuraduría general de justicia. Antes de subirse al carro, la señora dijo que escuchó la voz que le habló. Escuchó cuando su esposo le dijo, a sus ordenes comandante. Y después ya no oyó nada.

Y desde ese momento, hasta las ocho de la mañana del siguiente día no supo de su marido. Acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se hizo acompañar de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esa búsqueda. Pero no lo pudieron localizar, pues a su esposo prácticamente lo habían secuestrado los mismos agentes de la PEI.

Ahora que la señora Montaño decidió a dar a conocer al público esta situación, hizo un llamado al gobernador para que interceda para la liberación de su esposo, porque se encuentra detenido por un delito que no cometió.

Es un caso como el de la francesa Florence Cassez, a quien le violaron sus garantías individuales y la dejaron libre.

La señora Montaño dijo que a su esposo le aplicaron el examen de Estambul, que tiene el objetivo de detectar si la persona fue torturada. La misma CEDH se encargó de la aplicación de ese examen por parte de la directora de atención a víctimas del delito, Diana Karina Gastélum Meneses, con el fin de determinar si existe evidencia de la probable comisión de tortura o malos tratos.

Ese estudio arrojó que “el agraviado presenta trastornos por estrés postraumático agudo. Manifiesta la mayoría de los síntomas comprendidos en todos los criterios del trastorno.

De acuerdo a la valoración de la CEDH, a Juan Francisco Cabrera se le violaron sus derechos constitucionales al privarle de su libertad de manera ilegal. Concretamente esos derechos transgredidos están plasmados en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. En el código de procedimientos penales, se transgredieron los artículos 61, 77, 124, 125 bis, 127, 129 bis, 135, 136, 151, 152, 154, 186, 187, 187 bis, 199, 271, 286 y 349.

El documento de la CEDH señala que en el caso de Cabrera, las autoridades señaladas como responsables retuvieron indebidamente b ajo su disposición a Jesús Francisco Cabrera Ramos, impidiéndole con ello el ejercicio de sus derechos establecidos en las disposiciones normativas durante seis horas sin  haberlo presentado ante un agente del ministerio público del fuero común.

Y por tenerlo incomunicado por más de 15 horas haciendo  nugatorio su derecho a ser informado sobre el motivo de su detención.

Para la CEDH, el abuso de autoridad y trato inhumano quedaron plenamente demostrados.

Por ello, la CEDH emitió una serie de recomendaciones a la procuraduría general de justicia de sonora por este caso.

La primera es para reparar el daño que permita el restablecimiento de la condición física y sicológica de Cabrera. La segunda  queja  es para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora investigue las actuaciones de los agentes de la PEI Moisés Ramos Meza, Aaron Armando Berkowitz Sanzarric, Luis Alejandro Pérez Ramírez y el MP, Luis Horacio Salcido Soto, los presentes hechos.

La recomendación de la CEDH fue emitida el pasado 5 de marzo. Sin embargo, la procuraduría general de justicia del estado, se ha negado a responder a esta recomendación.

Por eso,  la señora Montaño, esposa de Cabrera, pidió al gobernador su intervención, lo mismo al presidente del supremo tribunal de justicia del estado.