Cada que pasa el tiempo en la sucesión presidencial, la Suprema Corte de Justicia ha venido definiendo su cancha en este juego, claramente cargada al bando opositor. Las resoluciones que ha venido tomando, han sido de franca confrontación al poder ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La actuación de los magistrados pone en el centro del debate una necesidad clara en el país: la necesidad de transformar el poder judicial en México.
Tras un debate, que deja mucho que desear, sobre el contenido de los libros de texto, donde la oposición ve hasta comunistas detrás de las puertas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, se atrevió a suspender la distribución de los libros de texto gratuito en el estado de Chihuahua.
Le importó sorbete el artículo 3 constitucional que habla de la obligatoriedad del estado de garantizar educación gratuita a la niñez mexicana. Se pasó por el arco del triunfo el articulado de la Ley de Fomento a la Lectura que habla de las autoridades responsables en la elaboración y distribución de los libros de educación primaria.
En palabras más sencillas, este magistrado actuó peor que el Tremendo Juez del programa de la Tremenda Corte, porque, por encima de toda comicidad de sus argumentos, echando al cesto de la basura a la Constitución, sobrevaloró un alegato cargado de politiquería conservadora que tiene el objetivo de entorpecer y denigrar la política de la cuarta transformación, aplicada por López Obrador a raíz de que triunfo en las elecciones de 2018.
El detalle es que Luis María Aguilar, no es el único magistrado que está al servicio de los conservadores. El frente amplio tiene también bajo sus órdenes a los ministros Martín Santos Pérez, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y a la ministra Piña, presidente del poder judicial.
López Obrador agregó otros legisladores al servicio de los conservadores, como lo son: Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez.
De hecho, algunos diputados de la bancada de Morena, acordaron iniciar un juicio político contra ellos por traición al pueblo. El argumento de los legisladores morenistas es que los juzgadores incurrieron en conflicto de interés desde el momento en que se auto ampararon para ganar más que el presidente y por dar severos golpes a las iniciativas de la 4 T para beneficiar a la oligarquía mexicana.
De hecho, el mismo presidente puso el dedo en el juez Martín Santos Pérez. En una mañanera lo señaló como el juez de consigna que busca censurarlo.
El pasado 7 de agosto este tremendo juzgador determinó conceder una suspensión provisional a favor de un juicio de amparo que promovió la precandidata conservadora, Xóchitl Gálvez. Ella se quejó por la información que ventiló López Obrador sobre los ingresos de sus empresas por más de un millón de pesos. Ese juicio, dijo AMLO, está asesorado por la organización de Claudio X González: Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Además de pretender silenciar al presidente, el juez Santos Pérez ha otorgado suspensiones en otros juicios promovidos por los conservadores. Entre ellos contra el acuerdo que permitía a las fuerzas armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria y ordenó la suspensión contra la prohibición a la venta de cigarros electrónicos, contra la prohibición de fumar en restaurantes y contra la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra.
Más allá de esta actuación en contra de la 4 T, López Obrador se encargó de señalarle otras perlas, peores que estas.
López Obrador lo acusó de ser un juez de consigna, que no sólo ha actuado en contra de la 4T, sino que ha beneficiado con resoluciones al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín del Chapo Guzmán, al otorgarle un amparo el 25 de febrero de 2014.
Estos señalamientos, el presidente los plasmó en una carta dirigida a este juez. En una mañanera leyó dicha carta enviada al juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en la que le dice, textualmente:
“Fue usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo; “Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos; “Fue usted quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich por el caso del ‘cártel inmobiliario’; “Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de ‘simplista’; “Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de tabaco en restaurantes; “Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria del ciclo 2022-2023; “Fue usted quien echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos ‘chatarra’ –que tanto daño hacen a la salud de los niños–; “Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024, durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional.”
“No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla [Consejo Nacional de Litigio Estratégico] a favor de la señora Xóchitl Gálvez. Usted, señor juez, me ordena –así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía”, expuso el titular del Ejecutivo federal.
Al continuar con la lectura del oficio, manifestó: “me acusa de ‘propiciar un discurso de odio’ todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por empresas de Xóchitl Gálvez y su familia por más de mil 400 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018.
“Advierte ‘malicia efectiva’ de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted”, acusó el presidente López Obrador. Posteriormente leyó algunas de las resoluciones más cuestionables y posiblemente constitutivas de delitos de corrupción en las que ha incurrido el juez Martín Adolfo Santos Pérez:
En su carta, el primer mandatario señaló: “ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley se escudan en el llamado ‘estado de derecho’, que no es más que un ‘estado de chueco’, y que a la justicia no les importa; sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la felicidad del pueblo”.
López Obrador dijo que no interpondrá recursos de desafuero. Se limitó a decir que la historia los juzgará.
Él sabe bien, que la historia que pretende escribir será la historia del plan C: que Morena gane las dos terceras partes del Poder Legislativo, para hacer una reforma judicial a fondo. Y los que caerán con este plan, son, precisamente, estos jueces que defienden a los conservadores y tienen las cárceles repletas de justos en vez de pecadores.
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