Con resolución de Corte quedó sin efecto manifiesto de impacto ambiental
La máxima instancia del Poder Judicial consideró que este grupo de yoremes no acreditaron el carácter de autoridades tradicionales, sin embargo determinó reconocerles el derecho de instar a la autoridad jurisdiccional, en este caso a la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que previo a la autorización del proyecto de impacto ambiental del acueducto, deberán otorgar garantía de audiencia a la comunidad yaqui.
José Luis Jara
Con la resolución que tomó la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el gobernador de Sonora está obligado a parar la
construcción del acueducto independencia, por una sencilla razón: quedó sin
efecto el manifiesto de impacto ambiental del proyecto y sin este documento
básico, no se puede continuar una obra porque no tiene el respaldo legal.
Tomas Rojo y otros compañeros de la comunidad Yoreme
de Vícam, estuvieron en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia en
la ciudad de México. Les quedó claro que esa fue la principal conclusión a la
que llegaron con la resolución que tomaron los magistrados, en la que
confirmaron la protección de la justicia concedida por el juez 10 de distrito a
miembros de la tribu yaqui.
Este grupo de la comunidad interpuso un amparo contra
la construcción del Acueducto Independencia, emprendida por el gobernador
sonorense Guillermo Padrés, el cual fue sometido a revisión por la suprema
corte.
La máxima instancia del Poder Judicial consideró que
este grupo de yoremes no acreditaron el carácter de autoridades tradicionales,
sin embargo determinó reconocerles el derecho de instar a la autoridad
jurisdiccional, en este caso a la Secretaría del Medio ambiente y Recursos
Naturales, Semarnat, para que previo a la autorización del proyecto de impacto
ambiental del acueducto, deberán otorgar garantía de audiencia a la comunidad
yaqui.
Este punto es importante para los yaquis y el resto de
comunidades indígenas que enfrenten un problema similar, dijo Tomás Rojo,
porque se establece por la suprema corte todo un protocolo para atender a las
comunidades originarias
En el pleno de este miércoles, los ministros
resolvieron consideraron que la operación del acueducto Independencia sí puede
afectar a este grupo originario, principalmente
en relación con los derechos de disposición de agua de la presa La Angostura,
que por decreto presidencial del 30 de septiembre de 1940, pertenece a la tribu
yaqui.
En el pleno se recordó que las personas de esta comunidad
pueden disponer cada año agrícola hasta la mitad del caudal que se almacena en
esa obra para fines de riego agrícola. Y se autorizó a sus núcleos de población
la disposición del recurso en la medida que sus tierras lo requieran.
En el protocolo para atender a la comunidad yaqui, los ministros de la corte señalaron que no
bastaba que la autoridad responsable pusiera el proyecto a disposición del
público a través de diversos medios de difusión o la realización de una
consulta pública, dada la calidad indígena de la comunidad a la que pertenecen
los quejosos.
De acuerdo a lo señalado por el Juzgado 10 de distrito,
instancia que concedió el amparo, este protocolo debe hacerse de manera
adecuada y a través de sus representantes tradicionales, a fin de respetar sus
costumbres y tradiciones.
De acuerdo a la corte, la autoridad competente deberá
ponderar los intereses sociales en juego, tanto los afectados como de los beneficiados
por la obra, quedando en aptitud de decretar, en la medida de sus facultades,
las acciones necesarias para resarcir o aminorar las eventuales afectaciones
que deriven de la operatividad del acueducto.
Para Tomás Rojo, esta resolución que beneficia a la
comunidad yaqui, va a trascender al resto de las comunidades originarias del
país, en virtud de que se estableció un protocolo, donde se deberá respetar los
usos y tradiciones de la comunidad indígena, para tratar los problemas
relacionados con ellas.
La consecuencia principal de esta resolución de la suprema
corte, consideró Rojo, es que el gobierno de Guillermo Padrés debe parar el
robo del agua de la presa del Novillo y esperar la sentencia, que se dará en
unos diez a 15 días, para reparar el procedimiento.
Tomás Rojo y otros compañeros de la comunidad yoreme de
Vícam estuvieron en el pleno de la suprema corte. Celebraron la resolución que
tomó y hasta ellos llegaron los comentarios que hizo el secretario de gobierno
del estado de Sonora, Roberto Romero, quien señaló que esta resolución no
detendrá la obra del acueducto.
Tomás Rojo dijo: las cosas hay que tomarlas de quien viene.
No tiene que venir un ministro de la corte a decirle al secretario de gobierno
lo que tienen que hacer, porque ellos tienen sus mecanismos para trabajar.
Lo que tiene que hacer el funcionario y el gobernador
Guillermo Padrés es acatar la ley y
parar el robo del agua.
Ahora hay otro panorama con la nueva administración federal,
consideró, porque ya no habrá complicidad entre dos gobiernos panistas, como la
había entre Guillermo Padrés y Felipe Calderón.
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