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lunes, 6 de mayo de 2013

En Sonora se violan los derechos humanos: David Valenzuela


Fue detenido por la PEI con los ejidatarios de San Martín de la Huerta, Soyopa, sin presentarles ordenes de aprehensión y los mantuvieron secuestrados por 12 horas


José Luis Jara

David Guadalupe Valenzuela, profesor disidente, activista social y asesor del ejido San Antonio de la Huerta, afirmó que en Sonora se violan los derechos humanos, como ocurrió en su caso y el de cuatro ejidatarios, cuando la Policía Estatal Investigadora los detuvo para arraigarlos.
Los hechos a los que se refiere el profesor y dirigente del FADES, ocurrió el pasado 5 de abril en Hermosillo, cuando un grupo de pobladores y ejidatarios de San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, llegaron a la capital sonorense a protestar frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque la Policía Estatal Investigadora, un día antes, había apresado a cerca de 50 de sus compañeros.
El problema que surgió en San Antonio de la Huerta, fue un reclamo de los ejidatarios a la empresa minera canadiense La Libertad, para que pagara el dinero que debía por la renta de más de 400 hectáreas a los ejidatarios. En lugar de eso, el 3 de abril llegó un convoy de patrullas de la PEI y detuvieron a 42 habitantes de esta comunidad. Ello provocó la reacción de los ejidatarios que llegaron a las puertas de la procuraduría general de justicia de sonora, a protestar y exigir la liberación de sus compañeros.
En el momento de la protesta, a David Guadalupe, a su hermano Ramsés, al presidente del ejido, Sergio estrada y otros tres de sus compañeros, le llamaron por teléfono para establecer el diálogo. Y cuando se dirigían al lugar de la cita, tres carros de la PEI les tapó el camino y a empujones los subieron a esas unidades. Después de esa detención, no se supo de ellos en las siguientes 12 horas, pues los mantuvieron incomunicados.
Por la forma en que nos detuvieron en la calle, relató en entrevista el profesor Valenzuela, sí nos violaron nuestras garantías individuales, es decir nuestros derechos humanos, por la forma tan autoritaria en que nos aprehendieron. Nos dijeron que nos detuvieron por haber bloqueado las calles. Sin embargo, nosotros no bloqueamos las calles, fueron los ejidatarios de San Antonio de la Huerta que llegaron irritados por la detención de 42 compañeros unos días antes
Desde l punto de vista legal, abundó, se violaron nuestras garantías porque no se nos presentó ninguna orden de aprehensión o de arraigo. Los mismos policías no tenían claro la razón de la detención, pero conforme pasaron las horas, el profesor Valenzuela se percató que los delitos de despojo agraviados, se trataron de construir en la medida que pasaban las horas para su arraigo. Es decir, primero los detuvieron y después le inventaron los delitos.
En entrevista, el profesor reflexionó: el hecho de incomunicarnos, el hecho de que los agentes hablaban de que había que darnos un escarmiento  y el hecho de que nuestros familiares no tuvieran conocimiento de nosotros, por supuesto que representa una violación flagrante a  nuestros derechos.
-¿Los golpearon para sacarle declaraciones? ¿Recibieron amenazas?
-Los que operaron la detención sabían que detrás de nosotros estaba la sociedad civil, los ejidatarios. No se animaron a una violencia física. Lo que hicieron fue levantarnos violentamente, detenernos 12 horas de manera ilegal y prácticamente secuestrados y después mandarnos al arraigo.
El delito que les señalaron a los cinco dirigentes del ejido fue por despojo agraviado. Afortunadamente, dijo el profesor Valenzuela, el juez de distrito ordenó el levantamiento del arraigo. Tenemos información, dijo, que el juez no tomó como válidos los elementos que integró el ministerio público y no encontró situaciones que evidenciaran la existencia del delito de despojo.
-En plantón que realizaron los ejidatarios para exigir su liberación, se dijo que el ministerio público no quiso mostrar los expedientes a sus abogados…
-Efectivamente, no se los quisieron mostrar a pesar de que nosotros, como arraigados en este caso, teníamos el derecho a la defensa jurídica. Esto constituye otra violación a nuestras garantías individuales.
-¿Y qué pasó después?
-Cuando el juez no encontró elementos del delito, nos liberaron a los cinco. Después de este paso, los ejidatarios restablecieron la comunicación con la empresa minera canadiense. Se retomaron los puntos que ya estaban por resolverse y la fecha, ya se han generado  algunos acuerdos.
-¿Cómo cuales?
-Ya se dio un anticipo de la primera anualidad de pago por la renta de los terrenos. Se avanzó en unos acuerdos con la empresa para introducir telefonía celular a esta región de Soyopa. Se integró una minuta de esos avances y los ejidatarios están por convocar a una reunión  porque ya abrieron un camino para llegar a los acuerdos.
De acuerdo a los hechos que narró el profesor Valenzuela, antes de que pasara el proceso de detención de ejidatarios y del arraigo de sus dirigentes, entre el ejido y la minera ya tenían una serie de acuerdos. Pero cuando están a punto de concretarlos, llegaron los agentes de PEI para detener a los ejidatarios y se echan por la borda en ese momento los acuerdos a los que habían llegado.
Después del arraigo de los dirigentes, se retomó el diálogo.
-¿Entonces por qué pasó todo ese proceso policíaco? ¿Alguien cometió un error?
-En el ejido se habla de que fue una precipitación de parte de la procuraduría. El gobierno estaba enterado de las negociaciones, pero también la minera utilizó a sus cámaras de empresarios para presionar.
Hay que decirlo también, añadió, que es preocupante que las empresas tengan un montón de voceros que sólo los utilizan para que exijan al gobierno mano dura contra alumnos, maestros y ejidatarios.
Esperemos, dijo al concluir, que el procurador Carlos Navarro Suguich dé muestras claras de respeto al pueblo de Soyopa, porque Soyopa no tiene ha cometido ningún delito, que está trabajando en los acuerdos que ya había llegado con la empresa minera.

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