Fue detenido por la PEI con los ejidatarios de San Martín de la Huerta, Soyopa, sin presentarles ordenes de aprehensión y los mantuvieron secuestrados por 12 horas
José Luis Jara
David
Guadalupe Valenzuela, profesor disidente, activista social y asesor del ejido
San Antonio de la Huerta, afirmó que en Sonora se violan los derechos humanos,
como ocurrió en su caso y el de cuatro ejidatarios, cuando la Policía Estatal
Investigadora los detuvo para arraigarlos.
Los hechos
a los que se refiere el profesor y dirigente del FADES, ocurrió el pasado 5 de
abril en Hermosillo, cuando un grupo de pobladores y ejidatarios de San Antonio
de la Huerta, municipio de Soyopa, llegaron a la capital sonorense a protestar
frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque la Policía
Estatal Investigadora, un día antes, había apresado a cerca de 50 de sus
compañeros.
El problema
que surgió en San Antonio de la Huerta, fue un reclamo de los ejidatarios a la
empresa minera canadiense La Libertad, para que pagara el dinero que debía por
la renta de más de 400 hectáreas a los ejidatarios. En lugar de eso, el 3 de
abril llegó un convoy de patrullas de la PEI y detuvieron a 42 habitantes de
esta comunidad. Ello provocó la reacción de los ejidatarios que llegaron a las
puertas de la procuraduría general de justicia de sonora, a protestar y exigir
la liberación de sus compañeros.
En el
momento de la protesta, a David Guadalupe, a su hermano Ramsés, al presidente
del ejido, Sergio estrada y otros tres de sus compañeros, le llamaron por
teléfono para establecer el diálogo. Y cuando se dirigían al lugar de la cita,
tres carros de la PEI les tapó el camino y a empujones los subieron a esas
unidades. Después de esa detención, no se supo de ellos en las siguientes 12
horas, pues los mantuvieron incomunicados.
Por la
forma en que nos detuvieron en la calle, relató en entrevista el profesor
Valenzuela, sí nos violaron nuestras garantías individuales, es decir nuestros
derechos humanos, por la forma tan autoritaria en que nos aprehendieron. Nos dijeron
que nos detuvieron por haber bloqueado las calles. Sin embargo, nosotros no
bloqueamos las calles, fueron los ejidatarios de San Antonio de la Huerta que
llegaron irritados por la detención de 42 compañeros unos días antes
Desde l
punto de vista legal, abundó, se violaron nuestras garantías porque no se nos
presentó ninguna orden de aprehensión o de arraigo. Los mismos policías no
tenían claro la razón de la detención, pero conforme pasaron las horas, el
profesor Valenzuela se percató que los delitos de despojo agraviados, se
trataron de construir en la medida que pasaban las horas para su arraigo. Es
decir, primero los detuvieron y después le inventaron los delitos.
En
entrevista, el profesor reflexionó: el hecho de incomunicarnos, el hecho de que
los agentes hablaban de que había que darnos un escarmiento y el hecho de que nuestros familiares no
tuvieran conocimiento de nosotros, por supuesto que representa una violación flagrante
a nuestros derechos.
-¿Los
golpearon para sacarle declaraciones? ¿Recibieron amenazas?
-Los que
operaron la detención sabían que detrás de nosotros estaba la sociedad civil,
los ejidatarios. No se animaron a una violencia física. Lo que hicieron fue
levantarnos violentamente, detenernos 12 horas de manera ilegal y prácticamente
secuestrados y después mandarnos al arraigo.
El delito
que les señalaron a los cinco dirigentes del ejido fue por despojo agraviado.
Afortunadamente, dijo el profesor Valenzuela, el juez de distrito ordenó el
levantamiento del arraigo. Tenemos información, dijo, que el juez no tomó como
válidos los elementos que integró el ministerio público y no encontró
situaciones que evidenciaran la existencia del delito de despojo.
-En plantón
que realizaron los ejidatarios para exigir su liberación, se dijo que el
ministerio público no quiso mostrar los expedientes a sus abogados…
-Efectivamente,
no se los quisieron mostrar a pesar de que nosotros, como arraigados en este
caso, teníamos el derecho a la defensa jurídica. Esto constituye otra violación
a nuestras garantías individuales.
-¿Y qué
pasó después?
-Cuando el
juez no encontró elementos del delito, nos liberaron a los cinco. Después de
este paso, los ejidatarios restablecieron la comunicación con la empresa minera
canadiense. Se retomaron los puntos que ya estaban por resolverse y la fecha,
ya se han generado algunos acuerdos.
-¿Cómo
cuales?
-Ya se dio
un anticipo de la primera anualidad de pago por la renta de los terrenos. Se
avanzó en unos acuerdos con la empresa para introducir telefonía celular a esta
región de Soyopa. Se integró una minuta de esos avances y los ejidatarios están
por convocar a una reunión porque ya
abrieron un camino para llegar a los acuerdos.
De acuerdo
a los hechos que narró el profesor Valenzuela, antes de que pasara el proceso
de detención de ejidatarios y del arraigo de sus dirigentes, entre el ejido y
la minera ya tenían una serie de acuerdos. Pero cuando están a punto de
concretarlos, llegaron los agentes de PEI para detener a los ejidatarios y se
echan por la borda en ese momento los acuerdos a los que habían llegado.
Después del
arraigo de los dirigentes, se retomó el diálogo.
-¿Entonces
por qué pasó todo ese proceso policíaco? ¿Alguien cometió un error?
-En el
ejido se habla de que fue una precipitación de parte de la procuraduría. El
gobierno estaba enterado de las negociaciones, pero también la minera utilizó a
sus cámaras de empresarios para presionar.
Hay que
decirlo también, añadió, que es preocupante que las empresas tengan un montón
de voceros que sólo los utilizan para que exijan al gobierno mano dura contra
alumnos, maestros y ejidatarios.
Esperemos,
dijo al concluir, que el procurador Carlos Navarro Suguich dé muestras claras
de respeto al pueblo de Soyopa, porque Soyopa no tiene ha cometido ningún
delito, que está trabajando en los acuerdos que ya había llegado con la empresa
minera.
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