José Luis Jara
Para el abogado Lorenzo Ramos, en la aprobación de la reforma constitucional para que el estado de Sonora tutele la vida, los diputados violentaron los procesos legislativos y se metió en terrenos que no le competen, porque los únicos que pueden legislar sobre el derecho a la vida son los legisladores federales.
Entrevistado después de que los diputados aprobaran esta reforma constitucional que se apoya en el precepto que señala que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley, exceptuando de este reconocimiento el aborto causado por culpa de la mujer embarazada, el abogado afirmó que los legisladores del PRI y del PAN violaron los siguientes procesos legislativos.
Uno, esta propuesta de reforma no se turnó a comisiones, concretamente a una de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, que es la encargada de ver este tipo de casos, como es la reforma constitucional.
Dos, la discusión en el pleno no se basó en un dictamen que por ley se debe elaborar cada vez que los diputados van a discutir una reforma constitucional.
Tres, no compete a los legisladores locales, legislar sobre la vida, porque ese punto le compete realizarlo a los legisladores federales.
Cuatro, esta reforma entra en contradicción con una resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia que permite el aborto siempre y cuando se realiza en las primeras doce semanas de embarazo.
Pero más allá de lo que ocurrió en el Congreso del Estado, para el abogado, quien se encuentra detrás de esta reforma es el gobernador Eduardo Bours, porque –a su decir- los diputados del PRI no se mandan solos.
Más bien, abundó, representa un punto que negoció el gobernador del estado con las agrupaciones ultraderechistas de Sonora, con el fin de asegurar compromisos electorales del 2009.
Entre esas agrupaciones, se encuentra organizaciones como el de Provida, Vida y Familia, el mismo Opus Dei que pertenecen a las agrupaciones más reaccionarias de la entidad y el país.
Para el abogado, desde el momento que el periódico Expreso puso una leyenda en su edificio, que está muy a la vista pública, que da su apoyo a la vida y no está a favor del aborto, fue la voz de arranque para sacar adelante esta reforma ya negociada con antelación.
-¿Por qué dices que hay un trasfondo electoral?
-Porque en los últimos años, los procesos electorales son muy competidos. Y la clase media se ha convertido en una especie de fiel de la balanza electoral. Y esta reforma representa una concesión a esos grupos ultraderechistas, porque el gobernador quiere ganarse a esos sectores que influyen en la clase media.
-¿Por qué dices que hay interés del gobernador?
-Porque el gobernador se encuentra detrás de esta reforma. Se encuentra implicado, porque los diputados del PRI no se mandan solos, porque en realidad son los mandaderos del gobernador. Y lo único que quiere el mandatario es pavimentarse el camino del 2009 para asegurar el triunfo de su candidato.
Además, dijo, no hay vuelta de hoja: vivimos en un estado donde las decisiones las toma el gobernador. Los demás, los diputados Carlos Daniel Fernández, Manuel Acosta, no son más que mandaderos, y pensar que ellos fueron los de la iniciativa sería absurdo e ingenuo.
El pronunciamiento de las Ong’s
A la sesión de ayer, acudieron representantes de diversos grupos sociales para protestar en contra de esta iniciativa.
En el recinto se toparon con un grupo de choque verbal que estaba dirigida por la organización Vifam, Vida y Familia que se mantuvo a lo largo de la sesión hostigando a las representantes de las organizaciones no gubernamentales, como el Observatorio feminista, Nosotras Ciudadanas, Mujeres y Hombres Socialmente Activos, Sangre Violeta y Diverciudad.
Patricia Alonso, de Nosotras Ciudadanas, portaba una cartulina con una leyenda que más bien era un reclamo a los legisladores. Decía: “Cómo legislar el derecho a la vida si no han asegurado y garantizado de 347 mujeres muertas y niñas que han sido asesinadas en Sonora”.
Silvia Núñez expresó en entrevista que la reforma constitucional tiene algunos inconvenientes. Ella enumeró cinco:
Uno, la reforma atenta contra el artículo cuarto constitucional que establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Dos, la reforma atenta contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, que fija un criterio jurídico fundamental en la no discriminación de las mujeres.
Tres, atenta contra la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al no consultarlas, y transgrede sus derechos como ciudadanas en un estado democrático.
Cuatro, atenta contra la posibilidad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro, al no consultarlas.
Cinco, contraviene los acuerdos internacionales en la materia, firmados y ratificados por México.
Las representantes de las organizaciones no gubernamentales exigieron que se abra un debate amplio entre la sociedad en general, y particularmente entre las mujeres.
Consideraron que los grupos parlamentarios y la Comisión de Asuntos de la Mujer deben garantizar la no discriminación hacia las mujeres y hacer respetar sus derechos ciudadanos.
Consideraron que el Congreso del Estado tiene la competencia de promover la construcción de un estado laico y democrático y no la socialización de argumentos moralistas y religiosos que desvían la atención de un problema social y de salud pública que es prioritario.
En tanto, en la entrevista con Lorenzo Ramos, el abogado consideró que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y la equidad de género, tienen la alternativa de exigirle al gobernador que vete esa ley, porque el gobernador tiene la facultad de vetar.
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