Luis Jara
A final de cuentas, José Eduardo Robinson Bours Castelo resultó un gobernante tan gandalla como los demás políticos priistas a los que tanto crítico.
Ni siquiera justicia a secas hubo para la gente. Y su gracia como gobernante fue sólo para su círculo de cofradías, muchas de ellas reducidas a sus familiares.
Es el caso que se esconde detrás de la demanda de desalojo contra los moradores del vaso de la presa. Fue con el claro objetivo de beneficiar a su consuegro, José Coppel, principal accionista de la empresa constructora Misión 21.
Es decir, utilizó todo el poder del estado contra moradores de estos terrenos. Varios de ellas personas mayores de edad, que tienen viviendo más de 40 años en el lugar.
En el sexenio de Bours, estos posesionarios sintieron todo el peso del aparato estatal. Con el fin de echarlos de los terrenos codiciados, el gobierno empleo su maquinaria, comprendida desde el procurador Abel Murrieta, los abogados de gobierno, los ministerios públicos y los funcionarios de la Dirección de Bienes y Concesiones.
Se escudaron en su cínica consigna de “nada ni nadie por encima de la ley”, para aplicar la ley boursista.
Pero los moradores del Vaso de la Presa se defendieron. A su defensa jurídica, la acompañaron con la participación política en los movimientos sociales de la entidad que se generaron por los agravios del gobernador, entre los que se encuentran las diferentes organizaciones sindicales y sociales no gubernamentales, como los defensores del parque de Villa de Seris, los sindicatos universitarios y los mineros de Cananea, entre otros.
Se integraron en el Movimiento en Solidaridad con las Luchas Sociales, desde donde han promovido la defensa de sus terrenos y hogares y la participación en los diferentes conflictos que se habían generado.
Para los moradores del vaso de la presa, la historia pareció que iba a cambiar cuando entró el actual gobernador, emanado del PAN, Guillermo Padrés Elías, porque su mensaje era conciliador
Cuando se dio el cambio de gobierno, los representantes de esta organización, entre los que se encuentra la maestra Rosa Delia Coronado, se dieron a la tarea de buscar el diálogo con el nuevo gobernante.
Lo lograron después de un evento realizado en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Se estableció el compromiso de una reunión, que a sorpresa de los líderes sociales, se realizó una hora más tarde a propuesta del gobernador.
En esa reunión participó la maestra universitaria Rosa Delia Coronado. Es abogada y moradora del vaso de la presa desde hace más de 40 años. Ellas es la que ha asumido la defensa jurídica de un grupo de vecinos que decidieron defenderse por la vía legal.
La maestra Rosa Delia relató que a ella misma le sorprendió el compromiso que asumió el nuevo mandatario, en el sentido de desistirse, como gobierno del estado, de la demanda de desalojo.
Un argumento que pesó fue para ese compromiso fue la resolución del Juez Segundo de Primera Instancia de los Civil, Ángel Medina Montes, apoyada con la firma del Secretario de Acuerdos, Arturo Márquez Ochoa.
En esa resolución, emitida el 14 de julio de 2009, se declara improcedente la acción reivindicatoria que en la vía ordinaria civil ejercitó el Gobierno del Estado de Sonora, por conductor del procurador General de Justicia, Abel Murrieta Gutiérrez ,al no haber acreditado el primer, segundo y tercer elementos constitutivos de la acción.
Existe un caso concreto, explicó la maestra, que se refiere al expediente donde el Gobierno del Estado demanda a Marcelino Dórame y a su familia, compuesta por su madre de más de 80 años y su familia. Ellos viven en el Vaso de la Presa desde hace más de 40 años.
A ellos los demandaron, como a los demás, para que desalojen su hogar porque ese terreno se lo querían vender a la empresa constructora Misión 21.
El gobierno del estado fue el que demandó a través de su procurador, Abel Murrieta.
Sin embargo, en su defensa, la maestra Rosa Delia pidió a Abel Murrieta que comprobara su nombramiento como procurador. Y cuando Murrieta presentó sus acreditaciones, esos documentos estaban firmados por “Eduardo Bours”.
La maestra pidió que se demostrara la existencia de ese “Eduardo Bours”, que presentaran su CURP, su acta de nacimiento y otros documentos. El procurador quiso defender su nombramiento, pero la maestra presentó un argumento legal que metió en un brete al gobierno del estado, porque el nombre del gobernador es José Eduardo Robinson Bours Castelo, así lo consta su acta de nacimiento y no “Eduardo Bours” a secas.
El procurador no pudo comprobar su nombramiento y el juez decidió absolver a Marcelino Dórame y obligó al gobierno estatal a pagar los gastos y costas que se erogaron con motivo de la tramitación del juicio.
El compromiso de desistirse
El caso es que en ese encuentro de los líderes de los movimientos sociales en la entidad con el gobernador, Guillermo Padrés se comprometió a que el gobierno del estado se desistiría de las demandas de desalojo contra los habitantes del vaso de la presa.
Todo parecía indicar que, por fin, una demanda de sectores sociales tendría un final feliz.
Ella relató los hechos.
En el gobierno de Robinson Bours Castelo algunos moradores fueron hostigados con el propósito de que dejaran su terreno, donde tienen viviendo más de 40 años. Unos hasta 50. Lograron desalojar a algunos, pero por el lado de las colonias Las Amapolas y La Victoria se encuentran algunas familias que luchan jurídicamente para que se reconozca su propiedad.
En el terreno legal, han ganado algunos casos, como el de Marcelino Dórame Aguilar.
Nos sentimos descansados –explicó la maestra- cuando entró el nuevo gobernador. Tuvimos una primera reunión en noviembre del año pasado (2009) con las organizaciones sociales. Padrés se comprometió, que no había intenciones como gobernante, de continuar con una lucha jurídica que estaba perjudicando a posesionarios, que no era decisión de este gobierno mantener esa actitud de despojo.
La maestra recordó cuando salió de esa reunión, celebrada en palacio de gobierno. Salimos confiados porque el gobernador dijo que se iba a desistir de las acciones jurídicas.
Incluso, la maestra acudió a Radio Bemba para expresar ese reconocimiento y darle prácticamente las gracias a Guillermo Padrés.
Sin embargo, después de varios meses en que Padrés Elías se comprometió a que el gobierno del estado se desistiría, la maestra Rosa Delia Coronado se encuentra con la misma cara de indignación, con la que enfrentó a José Eduardo Robinson Bours Castelo.
Ya vamos para seis meses –explicó la maestra- de ese compromiso y es la primera vez que queremos hacer notar que siguen existiendo problemas con los posesionarios del vaso de la presa.
La maestra Coronado consideró que el compromiso de desistimiento de las demandas de parte del gobernador, se dieron porque ya tenían conocimiento de que el caso lo tenían perdido, como se mostró en la resolución del juez en el caso de Marcelino Dórame, donde obliga al gobierno del estado a pagar los gastos y costa ocasionados por el juicio.
Después del compromiso, los posesionarios del vaso de la presa continuaron las pláticas con el secretario del gobernador, Carlos Espinoza, y Eliot Romero, coordinador jurídico, quienes les confirmaron la decisión del desistimiento en las demandas.
La última reunión que sostuvieron, estos funcionarios les plantearon a los posesionarios que no pidieran gastos y costas. Pero esa petición no se podía aceptar porque en varios casos, el gobierno hasta puso cuatro demandas o más para cada familia, que implicaron gastos multiplicados por cada juicio.
El caso de Marcelino Dórame, explicó, implican gastos de cuatro peritajes de 25 mil pesos cada uno, porque contra su familia existen cuatro demandas. En este caso, la propuesta se rechaza.
La puñalada trapera
La indignación de la maestra aumentó cuando comenzó a contar la última parte de la historia.
Fue hace unas semanas, cuando acudieron al juzgado para revisar los expedientes de Dórame Aguilar. En este caso, el juez había dictado sentencia favorable. Pero en esta ocasión se encontraron con un escrito presentado por Armando Burruel, donde dice que los terrenos del vaso de la presa son de la empresa Misión 21 SA de CV.
En el escrito se señala que los mayores accionistas de estas empresas son José Germán Coppel Luken y Susana García Madero de Coppel y que ellos adquirieron compraron estas superficies al gobierno del estado.
-¿Qué está pasando aquí? –se le pregunta.
-Es lo que queremos saber, porque ya comprobamos que esos terrenos no son del gobierno del estado, mucho menos de Misión 21.
De acuerdo con el escrito del representante de esta empresa, dice que Misión 21 tienen una adquisición que se protocolizó el 7 de enero de 2008, pero la compra se efectuó en agosto de 2006.
-¿Esto quiere decir que Bours vendió terrenos que no son propiedad del estado?
-Sí. Y la manera que descubre uno de cómo se manejaron estas personas para quedarse con los terrenos fue la siguiente: la demanda contra los posesionarios la entabla en 2007. Le venden los terrenos en 2008, en 2009 protocolizan y ahora en 2010 quieren que se reconozca el carácter de parte actora para todos los efectos que haya lugar.
-¿Qué significa?
-Que al cuarto para las doce, la lucha que sostuvimos no es válida porque nosotros no somos los propietarios. Soberbiamente dice en el expediente “revoco todas y cada una de las personas y autoridades.
En este juicio –explicó la maestra- están jugando un papel fundamental y detestable los abogados que trabajaron para el gobierno de Eduardo Bours, como lo son Othoniel Gómez Ayala, Mónica Ruiz, Mungarro Mendivil y la hermana del presidente de poder judicial del estado, la abogada María del Carmen Gutiérrez cohen.
-¿Por qué?
-Porque ellos trabajaron para el gobierno del estado con Bours y ahora son los mismos que trabajan para los consuegros del ex gobernador.
La superficie que Misión 21 se quiere adjudicar es de 163 hectáreas. Ese proceso se hizo ante el notario Salvador Corral.
Y para la maestra, el trabajo que hizo este notario público deja mucho que desear desde el punto de vista jurídico, porque se exenta del pago de prediales porque son terrenos baldíos, lo cual no es cierto, porque en esos terrenos se encuentran nuestras casas donde vivimos.
En tanto, la empresa Misión 21 está construyendo una barda para ocultar las diversas formas en que se están apropiando de esos terrenos, que no son del estado ni de los Coppel.
Están construyendo una enorme barda, como la que hicieron en Culiacán que se conoce como la barda de los Coppel, famosa porque ahí se ejecutan la mayor parte de los ajustes de cuentas entre la mafia.
Pero esos terrenos, dijo la maestra, no son de los Coppel, ni del gobierno del Estado. Esos terrenos son de los antiguos ejidos de Hermosillo y de esas familias, descendemos nosotros, finalizó.
