Gobernador debe acatar resolución y dejar de robar el agua: Tomás Rojo

Con resolución de Corte quedó sin efecto manifiesto de impacto ambiental

La máxima instancia del Poder Judicial consideró que este grupo de yoremes no acreditaron el carácter de autoridades tradicionales, sin embargo determinó reconocerles el derecho de instar a la autoridad jurisdiccional, en este caso a la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que previo a la autorización del proyecto de impacto ambiental del acueducto, deberán otorgar garantía de audiencia a la comunidad yaqui.

José  Luis Jara

Con la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador de Sonora está obligado a parar la construcción del acueducto independencia, por una sencilla razón: quedó sin efecto el manifiesto de impacto ambiental del proyecto y sin este documento básico, no se puede continuar una obra porque no tiene el respaldo legal.

Tomas Rojo y otros compañeros de la comunidad Yoreme de Vícam, estuvieron en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de México. Les quedó claro que esa fue la principal conclusión a la que llegaron con la resolución que tomaron los magistrados, en la que confirmaron la protección de la justicia concedida por el juez 10 de distrito a miembros de la tribu yaqui.

Este grupo de la comunidad interpuso un amparo contra la construcción del Acueducto Independencia, emprendida por el gobernador sonorense Guillermo Padrés, el cual fue sometido a revisión por la suprema corte.

La máxima instancia del Poder Judicial consideró que este grupo de yoremes no acreditaron el carácter de autoridades tradicionales, sin embargo determinó reconocerles el derecho de instar a la autoridad jurisdiccional, en este caso a la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que previo a la autorización del proyecto de impacto ambiental del acueducto, deberán otorgar garantía de audiencia a la comunidad yaqui.

Este punto es importante para los yaquis y el resto de comunidades indígenas que enfrenten un problema similar, dijo Tomás Rojo, porque se establece por la suprema corte todo un protocolo para atender a las comunidades originarias

En el pleno de este miércoles, los ministros resolvieron consideraron que la operación del acueducto Independencia sí puede afectar a este grupo originario, principalmente en relación con los derechos de disposición de agua de la presa La Angostura, que por decreto presidencial del 30 de septiembre de 1940, pertenece a la tribu yaqui.

En el pleno se recordó que las personas de esta comunidad pueden disponer cada año agrícola hasta la mitad del caudal que se almacena en esa obra para fines de riego agrícola. Y se autorizó a sus núcleos de población la disposición del recurso en la medida que sus tierras lo requieran.

En el protocolo para atender a la comunidad yaqui, los  ministros de la corte señalaron que no bastaba que la autoridad responsable pusiera el proyecto a disposición del público a través de diversos medios de difusión o la realización de una consulta pública, dada la calidad indígena de la comunidad a la que pertenecen los quejosos.

De acuerdo a lo señalado por el Juzgado 10 de distrito, instancia que concedió el amparo, este protocolo debe hacerse de manera adecuada y a través de sus representantes tradicionales, a fin de respetar sus costumbres y tradiciones.

De acuerdo a la corte, la autoridad competente deberá ponderar los intereses sociales en juego, tanto los afectados como de los beneficiados por la obra, quedando en aptitud de decretar, en la medida de sus facultades, las acciones necesarias para resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que deriven de la operatividad del acueducto.

Para Tomás Rojo, esta resolución que beneficia a la comunidad yaqui, va a trascender al resto de las comunidades originarias del país, en virtud de que se estableció un protocolo, donde se deberá respetar los usos y tradiciones de la comunidad indígena, para tratar los problemas relacionados con ellas.

La consecuencia principal de esta resolución de la suprema corte, consideró Rojo, es que el gobierno de Guillermo Padrés debe parar el robo del agua de la presa del Novillo y esperar la sentencia, que se dará en unos diez a 15 días, para reparar el procedimiento.

Tomás Rojo y otros compañeros de la comunidad yoreme de Vícam estuvieron en el pleno de la suprema corte. Celebraron la resolución que tomó y hasta ellos llegaron los comentarios que hizo el secretario de gobierno del estado de Sonora, Roberto Romero, quien señaló que esta resolución no detendrá la obra del acueducto.

Tomás Rojo dijo: las cosas hay que tomarlas de quien viene. No tiene que venir un ministro de la corte a decirle al secretario de gobierno lo que tienen que hacer, porque ellos tienen sus mecanismos  para trabajar.

Lo que tiene que hacer el funcionario y el gobernador Guillermo Padrés  es acatar la ley y parar el robo del agua.

Ahora hay otro panorama con la nueva administración federal, consideró, porque ya no habrá complicidad entre dos gobiernos panistas, como la había entre Guillermo Padrés y Felipe Calderón. 

No hay confianza en plan de austeridad del gobernador: Germán Palafox

El pasado de impulsó un plan de austeridad para ahorrar 350 millones de peso. El problema que existe es que no hay información clara y transparente para saber qué se hizo con ese dinero

José Luis Jara

El plan de austeridad que presentó el gobernador Guillermo Padrés, en el que pretende ahorrar 700 millones de pesos, tiene el problema fundamental de que no está acompañado de prácticas de buen gobierno, porque no informa de manera transparente cómo va ahorrar y de qué manera va a utilizar los recursos que se pretenden economizar.

Germán Palafox Moller, doctor en economía, profesor e investigador de la Universidad de Sonora, estableció lo anterior en entrevista donde lanzó una pregunta, con el fin de establecer una premisa para otorgarle credibilidad al programa de austeridad: ¿Dónde se encuentran los resultados del plan de austeridad del año pasado?

Hay que recordar –dijo el especialista- que el plan que anunció el gobernador del estado para ahorrar 700 millones de pesos, es el segundo plan que  presenta el gobernador Guillermo Padrés. La primera parte de este plan de ahorro se presentó el año pasado, donde se dijo que la intención fue ahorrar 350 millones de pesos.

La pregunta es –dijo- ¿dónde se encuentran esos 350 millones de pesos? Porque no hay información de ese resultado en los portales informativos del gobierno del estado.

Como no hay información clara y transparente  sobre estos planes de gobierno, se ha generado una crisis de confianza, dijo el académico de la escuela de economía.

Para dar idea del problema concreto, dijo que luego de que el gobernador dio a conocer esta segunda etapa del plan de austeridad, buscó en los portales del gobierno del estado, la información técnica de esta iniciativa.

Pero al ingresar a ese sitio web, se encontró con tres pestañas para supuestamente llegar  a la información. Navegó por esos tres sitios y en ninguno encontró esa información estructurada del plan del gobernador.

Esta situación lo llevó a la conclusión de que el plan de austeridad de Guillermo Padrés ha sido un evento mediático más, que adolece de las prácticas de buen gobierno.

Ha que señalar, dijo Palafox, si queremos diseñar un buen plan de gobierno hay que hacerlo con buenas prácticas de gobierno, prácticas democráticas que involucren a la sociedad civil, por lo menos en proporcionar la información clara y transparente. No sólo debe dar a conocer el boletín de prensa, sino el estudio técnico en el que el gobernador sustenta su propuesta de austeridad.

Las buenas prácticas de gobierno exigen proporcionar información y deben existir los mecanismos que garanticen una buena información a la sociedad civil.

Este es el principal elemento que debe tener un buen gobierno. Y no se ve esa transparencia, propia de los gobiernos democráticos

El primer plan  de austeridad

Germán Palafox abrió un paréntesis en la entrevista para sacar a colación el plan de austeridad que anunció el gobernador el año pasado. En ese entonces, dijo, Guillermo Padrés anunció que la intención fue ahorrar 350 millones de pesos.

Pero en realidad –añadió- ¿qué pasó con esos 350 millones de pesos que supuestamente se ahorraron? Si no existe esa información, quiere decir que el gobierno del estado no ha diseñado, ni instrumentado un programa que vaya puntualizando las metas de ahorro y los avances en dicha meta. Es decir, no hay manera de ir evaluando las políticas de gobierno.

No sabemos para dónde se fueron esos 350 millones de pesos, a pesar de que la ciudadanía tiene el derecho a tener esa información.

Para Palafox Moller, lo ideal es que hubiera esos mecanismos de información. Pero también deben de existir mecanismos de una auditoria ciudadana al ejercicio gubernamental. Sin embargo, lo que existen son auditores que se encuentran ligados al gobierno, que no realizan un trabajo confiable para la ciudadanía.

Es decir, en Sonora no existen los elementos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas, ni recursos  que garanticen el buen uso de los recursos.

A diferencia del plan de austeridad del año pasado, donde se pretendió ahorrar 350 millones de pesos, el programa de este año es más ambicioso, en la medida que contempla ahorrar 700 millones de peso. En el programa del año pasado, el plan fue dirigido más al ahorro en los servicios generales. ¿Qué quiere decir esto? Que del ahorro de 350 millones de pesos se afectaron a los funcionarios que trabajan de los mandos medios hacia arriba.

En esta ocasión, explicó, los ahorros van dirigidos a tres sectores claves: uno, a la inversión para el desarrollo, donde se pretende ahorrar 150 millones de pesos; 150 millones para organismos e instituciones y 10 millones de pesos para inversiones productivas.

Ante ello, el maestro universitario preguntó: ¿qué criterios utilizaron para reducir el gasto en estos rubros?

Otra pregunta, dijo, ¿cómo todo programa de ahorro vas afectar algunos gastos, ahora a dónde vas a dirigir esos gastos?

Unos señalan que va para el pago de la deuda del gobierno del estado; otro rubro va para infraestructura educativa, otro va a mejoramiento de la pavimentación. Otro apoyo va a mujeres en condiciones de pobreza.

La pregunta en el nuevo plan es ¿cómo vas a distribuir esos 700 millones de pesos que se quieren ahorrar? ¿Cuál va a ser el criterio para su uso? Si es para pagar la deuda, se tiene que establecer para cuál deuda es, si es para pagar la deuda de corto o largo plazo.

Si disminuyes recursos destinados a inversiones productivas, la pregunta es ¿cómo le vas a dará las comunidades  inversiones productivas?

-¿Puede llevar al fracaso al plan de austeridad la falta de credibilidad en el gobierno?

-En general –respondió-no hay confianza de la sociedad civil. Pero el éxito o fracaso del plan de austeridad, va a depender del gobierno. Como ciudadano te preguntas ¿a dónde fueron a parar esos 350 millones de pesos del plan de austeridad del año pasado? Hay una crisis de confianza entre sociedad civil y autoridades de gobierno. Si no hay información verídica, transparente, la gente no va a seguir creyendo en las autoridades.

El gobernador quiere tapar los hoyos financieros con el plan de austeridad

José Luis jara

El dirigente estatal del PRD, René Noriega, manifestó su desconfianza en el plan de austeridad anunciado por el gobernador Guillermo Padrés Elías. Quiere tapar los hoyos financiero que dejó el pasado proceso electoral.

En rueda de prensa, el dirigente perredista manifestó que el gobierno del estado quedó endeudado por andar apoyando al Partido Acción Nacional y sus candidatos en el proceso electoral de 2012.

Al final del día –expresó Noriega- el gobernador Padrés nos vino a dar la razón, porque si quiere ahorrar en los gastos innecesarios que hemos venido denunciando, quiere decir que esos señalamientos tuvieron mucha razón de ser, porque había  gasolina abierta para los funcionarios de gobierno, con cuenta abierta para que contrataran a sus guaruras personales, con llamadas ilimitadas de teléfonos celulares.

-¿Por qué sacas a colación el proceso electoral?

.Porque el gobierno del estado quedó endeudado con el proceso electoral pasado por andar desviando recursos públicos para apoyar a sus candidatos a elección popular.

El gobierno –dijo- utilizó recursos que debieron utilizarse para pagar a proveedores, para desviarlo a favor de los candidatos del Pan a los puestos de elección popular.

La manera de explicarse esta situación, dijo el dirigente perredista, es que existen obras públicas que fueron presupuestadas previos al proceso electoral de 2012 en Sonora, pero tienen la singularidad de que todavía se debe.

¿Qué quiere decir esto? Que se utilizó el dinero programado para estas obras, para usarlas en las campañas electorales.  Hay obras que se inflaron al doble de su costo real. Hay constructores que todavía no les han  pagado por su trabajo, de denunció.

Por ello, consideró que los legisladores sonorenses, el Congreso del estado deben tomar cartas en el asunto. La revisión que realicen a la cuenta pública del gobierno estatal, debe hacerse a fondo, por el bien de los sonorenses.

René Noriega relacionó este caso con la los zapatos que regaló el coordinador parlamentario del PAN en el congreso del Estado, Javier Neblina.

El legislador panista –abundó- ha estado ocultando la información de dónde le dieron los zapatos para que hiciera campaña el día del niño. Ha dicho que un grupo de empresarios donó los zapatos para que Javier Neblina los regalara.

Para el dirigente del PRD, se debe aclarar el origen de esos recursos. Si es dinero público o representa alguna donación particular. Pero por la forma en que lo ha manejado el pastor parlamentario del blanquiazul, existe la sospecha en ese programa de regalar zapatos.

En la conferencia de prensa, René Noriega informó de la reunión del Consejo Político del PRD en Sonora. Terminó de elegirse al comité ejecutivo estatal, con la siguiente alineación: él quedó como presidente estatal del PRD en Sonora

René Noriega en la presidencia estatal del PRD, Reinaldo Millán en secretario de organización; a José Luis Hoyos en la secretaría de formación política, José Luis Padilla en secretaría de procesos electorales; Heliodoro Pacheco quedó en la secretaría de difusión; Ruth Lugo se mantiene en finanzas; a Omar Lugo lo eligieron en relación es y vinculación; Alma Higuera en perspectiva de género y Omar Lugo Patrón  en relaciones exteriores.

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No debe ser traumática decisión de Suprema Corte en caso del acueducto

No debe abandonarse posibilidad de plantas desaladoras: Jaime Varela

José Luis Jara

Ojalá que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el acueducto Independencia no resulte traumática para Sonora, expresó Jaime Varela Salazar.

Especialista en el tema del agua en Sonora, cuya trayectoria en elaborar propuestas para resolver los problemas de sequía en Sonora data de 1972 y maestro investigador de la Universidad de Sonora, Varela Salazar consideró que traer agua a Hermosillo del Novillo es bueno.

Sin embargo, destacó que a pesar de que se va a utilizar un acueducto, existen algunos aspectos con los que no está de acuerdo.

Por ejemplo, abundó, esta obra tan grande no se hizo de la mejor manera, porque hay formas mejores para aprovechar la energía eléctrica. Los estudios de impacto ambiental no se han dado a conocer masivamente, para que la gente esté de acuerdo con el proyecto que nos va a traer agua a Hermosillo

Además, dijo: el proyecto del acueducto “lo pueden hacer mejor, sobre todo en proporcionar la información de manera transparente y en la operación política del gobierno al tratar  los movimientos sociales que se han opuesto a este proyecto hidráulico”

La cuestión yaqui y el movimiento ciudadano de Cajeme, abundó el universitario, debe ser resuelto políticamente, con operación inteligente y que el gobierno se ponga del lado del interés ciudadano.

Varela Salazar puntualizó su postura sobre el problema del agua en Hermosillo:

-Para empezar yo siempre he sido partidario de la desalación. Los proyectos de la desalación los empezamos enfrentar en 1972.  La Pero en aquellos momentos, la tecnología para la desalación de agua era demasiado cara.

En el plan hidráulico Sonora Sí, reconoció, se contempla la construcción de plantas desaladoras para las comunidades que viven en las costas de Sonora, además de la construcción del acueducto para llevar agua de la cuenca del río yaqui a la capital sonorense.

Hace unos días, dijo, realizó una visita a toda la  obra del acueducto. “Nos percatamos que la presa del Novillo, efectivamente, no tiene mucha agua. Se ha estado abatiendo el recurso. Pero considero que traer agua a Hermosillo es bueno porque existe la necesidad de desarrollar la ciudad”.

Sin embargo, consideró que aunque se pretenda traer agua mediante un acueducto, “en algunos aspectos no estamos de acuerdo. Por ejemplo, esta obra tan grande no se hizo de la mejor manera, porque hay mejores formas de aprovechar la energía. Los estudios de impacto ambiental no se han dado a conocer masivamente, para que la gente se convenza del proyecto que nos va a traer agua a Hermosillo.

Varela Salazar fue claro en su observación: Hermosillo necesita mucha más agua que la que se va a traer con el acueducto. Incluso, dijo, si se proyectara Hermosillo para ser una ciudad de un millón de habitantes, como es en la actualidad, el agua del acueducto va a ser insuficiente.

Ahora, si nos ubicamos que la tendencia de la ciudad es el crecimiento, se tiene que replantear el problema del agua. El acueducto no va a ser suficiente.

La desalación no debe olvidarse, apuntó. Sabemos que en Sonora hace falta muchísima agua. Aunque tengamos las presas de La Angostura, del Novillo y otras obras más, va hacer falta agua en Sonora, porque hay ciudades que tienen que crecer. Obregón necesita agua, Guaymas también, San Carlos, inclusive Nogales.

Varela Salazar opinó que el acueducto es una obra magna. Pero la gente pregunta cosas que ni los investigadores tienen conocimiento. “Nos preguntan cuáles fueron los resultados del estudio de impacto ambiental y no lo sabemos. Nos preguntan sobre las medidas para mitigar el impacto ambiental y no tenemos la información”.

-¿Existe algún problema por pasar agua de una cuenca a otra, como se quiere hace con el acueducto?

-Los que estudiamos el agua no estamos en contra de  ningún proyecto. Además, hay proyectos que tienen valor en su tiempo. Es importante que sigan los estudios de desalación de agua, porque en un futuro, la tecnología de estas plantas va a estar barata, porque cada vez que avanzan las investigaciones sobre las membranas para desalar el agua  van a mejorar; los estudios de energía alternativa van a mejorar su tecnología; los proyectos de investigación de nanotecnología van ir prosperando, de tal suerte que la tecnología va a ser barata.

Las plantas desaladoras, apuntó pueden desencadenar otras dinámicas que podrían desarrollar cadenas productivas locales, como es el desarrollo de tecnologías para la desalación, el crecimiento de la nanotecnología en Sonora, el estudio de energías alternativas, entre otras cosas. En otras palabras, la desalación de agua puede representar un boom en el crecimiento económico de Sonora

Por eso dijo: Soy partidario de la desalación de agua y va a ser un imperativo poner en práctica estas plantas en un futuro no muy lejano.

-¿Está bien que las decisiones para explotar los recursos naturales son tomadas por políticos, no por especialistas?

-Todo conduce a la política. Claro que los objetivos de los partidos políticos es conservar el poder. Y sería ingenuo pensar que se puede conservar el  poder con medidas que no fueran truculentas. Por eso es importante señalar que ojalá que los ciudadanos puedan tomar el poder.

-Es la obra magna del gobernador…

-Claro, es una obra que seguramente va a ser la bandera para la campaña electoral del PAN. Pero extrañamente, el oficio político está ausente en esta problemática. Es más, ahora está el PAN en el gobierno batallando para sacar adelante este proyecto. Pero ten por seguro que lo mismo pasaría si fuera el PRI quien estuviera gobernando Sonora.

Fracasa gobierno en recaudar el COMUN: Malnacidos

Vamos a ser la piedra en los zapatos de los diputados panistas: Luis Miguel Vargas

José Luis Jara

A pesar de que la mayoría de los diputados del congreso del Estado ratificaron el impuesto del COMUN, el estado sólo ha podido recaudar 270 millones de pesos hasta el sábado pasado.

En estos términos se expresó Luis Miguel Vargas, uno de los voceros del Movimiento Ciudadano No Más Impuestos, quien consideró que este hecho demuestra que la huelga de pago de impuestos sigue teniendo éxito entre los contribuyentes.

De los 750 millones de pesos que se contempla recaudar con la tenencia disfrazada, hasta el sábado pasado, sólo iban 270 millones de pesos, apuntó.

Sin embargo, ya hay recursos recaudados. Y por eso vale la pena preguntar ¿dónde está  el fideicomiso que dice la ley que se va a crear para administrar los recursos? Ya van varios meses de que se está cobrando la tenencia disfrazada y a la fecha no tenemos conocimiento de este fideicomiso.

Este punto, dijo, despierta más sospechas en el uso ilegal de los recursos. No se sabe quién está administrando los 270 millones de pesos que han ingresado a las arcas del estado por este impuesto. No se sabe cómo se están utilizando. Lo que se sabe, dijo, es que en el gobierno de Sonora están saliendo nuevos ricos, de políticos que tienen tres años de funcionarios y ya han adquirido casas en fraccionamientos residenciales, convirtiéndose en los nuevos ricos de la entidad.

Lo que vimos en el congreso del Estado cuando ratificaron el COMUN, fue una indignación ciudadana generalizada, porque se generaron expectativas de que se podía derogar este impuesto.

Luis Manuel Vargas dijo que habían platicado con los diputados Ismael Valdez del PANAL y con Hilda Alcira Chang del PRD. Incluso, la legisladora perredista se comprometió con los Malnacidos a replantearse los pros y contras de este impuesto.

Sin embargo, a la hora de la votación, la diputada ratificó su decisión de apoyar ese impuesto.

Los malnacidos, dijo, salimos con un mal sabor de boca de esa reunión de legisladores porque nos percatamos que el congreso del estado es una sucursal más el gobernador Guillermo Padrés

-¿Qué sigue para el movimiento?

-No pretendemos radicalizar el movimiento. Ahora pretendemos dar puros tiros de precisión, enfocarnos en situaciones específicas para derogar la tenencia. Viene la ley de ingresos del 2014 y los malnacidos vamos a estar pendientes de este proceso.

-¿Se olvidaron del 2013?

-No, el hecho de contemplar la ley de ingresos del próximo año no quiere decir que hayamos olvidado la lucha de ahora. Tenemos amparos que interpusieron los diputados Abraham Mendívil y Carlos Navarro López. Las investigaciones en estos amparos van muy avanzadas, de tal suerte que es cosa de unas semanas para que se resuelva a favor de la ciudadanía.

Dijo que también se encuentran los 23 mil amparos que interpusieron ciudadanos en los tribunales, que están pendientes por resolver.

-¿Se olvidaron de las caravanas y las manifestaciones de los malnacidos?

-No, seguimos puestos a hacer lo que la ciudadanía proponga.

-¿Algún plan?

-Lo vamos a discutir este día. Por lo pronto estamos contemplando la posibilidad de integrar un consejo ciudadano de unas 25 personas de diferentes sectores de la sociedad, con el fin de mantener una representatividad ciudadana  y establecer la agenda de los malnacidos.

El vocero de este movimiento social dijo: lo que te puedo decir es que estamos planeando convocar a los contribuyentes a depositar el pago de la tenencia en los tribunales, para  demostrar que nos mantenemos en la huelga de pago de una manera en que nos vayamos protegiendo los ciudadanos ante cualquier amenaza.

Dijo que las presiones del gobierno del estado se desencadenaron, con el fin de presionarlos para que los contribuyentes  paguen la tenencia disfrazada. Sabemos que con la huelga de pago de impuestos es donde podemos hacerle daño al gobierno.

El diputado Gildardo Real dice que no les importa el costo político que les traerá el haber impulsado la tenencia disfrazada. Pero el movimiento ciudadano de los malnacidos se va a encargar de que la ciudadanía se entere del tipo de políticos que son nuestros diputados panistas.

Nos vamos a encargar, dijo, de que los votantes se acuerden en 2015 del papel que jugaron en la aprobación del COMUN, para que recuerden a los políticos que le dieron la espalda. Vamos a crear conciencia entre la ciudadanía para que no regalen su voto a estos políticos.

En Sonora se violan los derechos humanos: David Valenzuela

Fue detenido por la PEI con los ejidatarios de San Martín de la Huerta, Soyopa, sin presentarles ordenes de aprehensión y los mantuvieron secuestrados por 12 horas

José Luis Jara

David Guadalupe Valenzuela, profesor disidente, activista social y asesor del ejido San Antonio de la Huerta, afirmó que en Sonora se violan los derechos humanos, como ocurrió en su caso y el de cuatro ejidatarios, cuando la Policía Estatal Investigadora los detuvo para arraigarlos.

Los hechos a los que se refiere el profesor y dirigente del FADES, ocurrió el pasado 5 de abril en Hermosillo, cuando un grupo de pobladores y ejidatarios de San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, llegaron a la capital sonorense a protestar frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque la Policía Estatal Investigadora, un día antes, había apresado a cerca de 50 de sus compañeros.

El problema que surgió en San Antonio de la Huerta, fue un reclamo de los ejidatarios a la empresa minera canadiense La Libertad, para que pagara el dinero que debía por la renta de más de 400 hectáreas a los ejidatarios. En lugar de eso, el 3 de abril llegó un convoy de patrullas de la PEI y detuvieron a 42 habitantes de esta comunidad. Ello provocó la reacción de los ejidatarios que llegaron a las puertas de la procuraduría general de justicia de sonora, a protestar y exigir la liberación de sus compañeros.

En el momento de la protesta, a David Guadalupe, a su hermano Ramsés, al presidente del ejido, Sergio estrada y otros tres de sus compañeros, le llamaron por teléfono para establecer el diálogo. Y cuando se dirigían al lugar de la cita, tres carros de la PEI les tapó el camino y a empujones los subieron a esas unidades. Después de esa detención, no se supo de ellos en las siguientes 12 horas, pues los mantuvieron incomunicados.

Por la forma en que nos detuvieron en la calle, relató en entrevista el profesor Valenzuela, sí nos violaron nuestras garantías individuales, es decir nuestros derechos humanos, por la forma tan autoritaria en que nos aprehendieron. Nos dijeron que nos detuvieron por haber bloqueado las calles. Sin embargo, nosotros no bloqueamos las calles, fueron los ejidatarios de San Antonio de la Huerta que llegaron irritados por la detención de 42 compañeros unos días antes

Desde l punto de vista legal, abundó, se violaron nuestras garantías porque no se nos presentó ninguna orden de aprehensión o de arraigo. Los mismos policías no tenían claro la razón de la detención, pero conforme pasaron las horas, el profesor Valenzuela se percató que los delitos de despojo agraviados, se trataron de construir en la medida que pasaban las horas para su arraigo. Es decir, primero los detuvieron y después le inventaron los delitos.

En entrevista, el profesor reflexionó: el hecho de incomunicarnos, el hecho de que los agentes hablaban de que había que darnos un escarmiento  y el hecho de que nuestros familiares no tuvieran conocimiento de nosotros, por supuesto que representa una violación flagrante a  nuestros derechos.

-¿Los golpearon para sacarle declaraciones? ¿Recibieron amenazas?

-Los que operaron la detención sabían que detrás de nosotros estaba la sociedad civil, los ejidatarios. No se animaron a una violencia física. Lo que hicieron fue levantarnos violentamente, detenernos 12 horas de manera ilegal y prácticamente secuestrados y después mandarnos al arraigo.

El delito que les señalaron a los cinco dirigentes del ejido fue por despojo agraviado. Afortunadamente, dijo el profesor Valenzuela, el juez de distrito ordenó el levantamiento del arraigo. Tenemos información, dijo, que el juez no tomó como válidos los elementos que integró el ministerio público y no encontró situaciones que evidenciaran la existencia del delito de despojo.

-En plantón que realizaron los ejidatarios para exigir su liberación, se dijo que el ministerio público no quiso mostrar los expedientes a sus abogados…

-Efectivamente, no se los quisieron mostrar a pesar de que nosotros, como arraigados en este caso, teníamos el derecho a la defensa jurídica. Esto constituye otra violación a nuestras garantías individuales.

-¿Y qué pasó después?

-Cuando el juez no encontró elementos del delito, nos liberaron a los cinco. Después de este paso, los ejidatarios restablecieron la comunicación con la empresa minera canadiense. Se retomaron los puntos que ya estaban por resolverse y la fecha, ya se han generado  algunos acuerdos.

-¿Cómo cuales?

-Ya se dio un anticipo de la primera anualidad de pago por la renta de los terrenos. Se avanzó en unos acuerdos con la empresa para introducir telefonía celular a esta región de Soyopa. Se integró una minuta de esos avances y los ejidatarios están por convocar a una reunión  porque ya abrieron un camino para llegar a los acuerdos.

De acuerdo a los hechos que narró el profesor Valenzuela, antes de que pasara el proceso de detención de ejidatarios y del arraigo de sus dirigentes, entre el ejido y la minera ya tenían una serie de acuerdos. Pero cuando están a punto de concretarlos, llegaron los agentes de PEI para detener a los ejidatarios y se echan por la borda en ese momento los acuerdos a los que habían llegado.

Después del arraigo de los dirigentes, se retomó el diálogo.

-¿Entonces por qué pasó todo ese proceso policíaco? ¿Alguien cometió un error?

-En el ejido se habla de que fue una precipitación de parte de la procuraduría. El gobierno estaba enterado de las negociaciones, pero también la minera utilizó a sus cámaras de empresarios para presionar.

Hay que decirlo también, añadió, que es preocupante que las empresas tengan un montón de voceros que sólo los utilizan para que exijan al gobierno mano dura contra alumnos, maestros y ejidatarios.

Esperemos, dijo al concluir, que el procurador Carlos Navarro Suguich dé muestras claras de respeto al pueblo de Soyopa, porque Soyopa no tiene ha cometido ningún delito, que está trabajando en los acuerdos que ya había llegado con la empresa minera.

El plan fuga del gobernador

Diputados aprueban magistrados nombrados por ejecutivo

En la sesión, aprobaron condenar agresión contra diputada Guadalupe Gracia en Nogales, mandaron a comisiones ley contra el bullyng, acordaron solicitar a Sedesol incluya más municipios sonorenses en cruzada contra el hambre y nombraron a Ismael Valdez como presidente de la legislatura 

José Luis Jara

No voy a ser cómplice de esta situación, arremetió el diputado priista Abel Murrieta. Lo más grave ya sucedió, con la designación del magistrado presidente y de  nueva cuenta viene un nombramiento que no cumple con la ley.

Fue el único diputado que criticó el dictamen que presentó la comisión de gobernación y puntos constitucionales para el nombramiento de los magistrados propietarios y suplentes del supremo Tribunal de Justicia del Estado, a favor de Griselda Ofelia Pándura Truqui, Rubén Espino Santana, Vicente Pacheco Castañeda, Candelario Medina Acuña y José Roberto Ruiz Saldaña.
Concretamente, el legislador priista, alegó el caso de Héctor Rubén Espino Santana, quien de acuerdo con la propuesta del gobernador del estado, será magistrado propietario.

 “¿Cómo es posible que alguien sin experiencia llegue a magistrado? –cuestionó el ex procurador a la hora del debate en lo general.

No deja de sorprender la manera en que exageramos en  el congreso… Lo más grave sucedió –dijo desde su tribuna -  con la designación del magistrado presidente. De manera irregular (Sebastián Sotomayor, presidente) asume este cargo cuestionado públicamente por su calidad profesionista.

Y todavía para rematar su discurso, dijo: ojalá alguien me pudiera explicar si tiene cédula profesional…”

Y en el caso concreto de Espino Santana, Murrieta dijo: de nueva cuenta vienen con un nombramiento sin cumplir los requisitos de ley. Y se refirió a uno requisito fundamental, que curiosamente en el dictamen no se acompañó el de Espino Santana: el curriculum.

-La ley marca –dijo en tribuna- requisitos formales que tienen objetivos claros, el bien jurídico tutelado, por  lo que se pide experiencia y la manera de demostrarla. Se pide imparcialidad en la aplicación de justicia, se pide carrera judicial. Ojalá se dieran cuenta…

Fue un largo orden del día en la sesión que tuvieron los diputados sonorenses este jueves de de mayo. Una sesión de encuentros y desencuentros, desde la condena generalizada a la presumible agresión a la diputada cetemista Guadalupe Gracia en la ciudad de Nogales, donde todas las fracciones parlamentarias desembocaron en un punto de acuerdo: condenar los hechos suscitados en Nogales

Enseguida de que la diputada Karina García leyó la propuesta del PRI y Verde Ecologista, empezó a fluir una letanía condenas al presidente municipal de Nogales. Habló el coordinador panista, Javier Neblina, el priista Abel Murrieta, el pastor priista Samuel Moreno, otros más también, que entre todos se sumaron un resolutivo más, para pedirle explicaciones al presidente municipal de Nogales.

Otro detalle curioso, hubo porras, en especial de las agrupaciones sociales que defienden y promueven los derechos de los animales, pues el diputado del Verde Ecologista, Vernon Pérez Rubio, presentó una iniciativa que fue aprobada como ley de protección a los animales en el estado de Sonora.

Una ley con 93 artículos que tienen el objeto de garantizar el bienestar de los animales domésticos, evitando que se les maltrate o martirice.

A diferencia de sesiones anteriores, donde el reclamo y la conformidad social se manifestaron con gritos y consignas con megáfonos, ahora las cosas fueron diferentes.  Las agrupaciones Pata de Perro, la comunidad animalera, la Sociedad Protectora de Animales y otras, celebraron que en Sonora se aprobara esta ley que prohíbe la corrida de toros, cárcel a quien maltrate animales, campañas masivas de esterilización gratuitas y regularización en ventas de mascotas.

Con  hambre

Antes de los puntos a discutir, los diputados eligieron a Ismael Valdez, del PANAL, como presidente de la mesa directiva por el mes de mayo.

Una vez echada andar la reunión, el propio Valdez presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder  Ejecutivo Federal para incorporar a más municipios sonorenses a la Cruzada contra el Hambre que emprendió en el ámbito nacional.

A la propuesta, se sumaron más diputados. Plantearon su agregaran municipios como el de Álamos, El Quiriego, Villa Juárez, Huatabampo y otros. De los municipios de la sierra, se pidieron se incluyeran en la segunda etapa del programa.

Samuel Moreno Terán, coordinador parlamentario del PRI, presentó otro punto de acuerdo, para que el Congreso del Estado integre un grupo de trabajo para darle seguimiento a las propuestas que hicieron los diputados infantiles el pasado 30 de abril. Se propuso como presidente de la comisión y entre los legisladores propuso al perredista Carlos Navarro López, quien no asistió a la sesión por cuestiones de salud.

La diputada panista Perla Zuzuki  Aguilar Lugo presentó la iniciativa de ley que previene y combate  la violencia y el acoso escolar. El presidente del congreso, la turnó a la comisión de educación para su dictamen.

Los magistrados o el plan fuga

En el punto 11, el debate legislativo tomó otro rumbo, pues la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó el punto de acuerdo de aprobar los nombramientos de magistrados que realizó el gobernador Guillermo Padrés, a favor de Ofelia Pándura Truqui, Héctor Rubén Espino Santana,  como propietarios y Vicente Pacheco, Candelario Medina Acuña y José Roberto Ruiz Saldaña, suplentes.

Ellos se encontraban en la sala, porque el siguiente punto del orden del día, trató precisamente sobre su toma de protesta como nuevos funcionarios del Poder Judicial de Sonora.

El panista Gildardo Real leyó el dictamen de la comisión. Y a la hora del debate, el priista Abel Murrieta fue el único que objetó la propuesta:

-¿Alguien me puede decir la experiencia de Espino? –preguntó. ¿Cómo quieren que vote a favor de esto? Entiendo de acuerdos políticos, ya sean del PAN, del PRI o PRD, pero no se vale esto. Personalmente no tengo nada contra ellos, pero no voy a ser cómplice de esta situación. El dictamen no cumple con los requisitos que marca la ley. ¿Cómo es posible que alguien sin experiencia llegue a magistrado?

El panista Gildardo Real quiso defender el dictamen, le dijo a Murrieta que Santana sí cumple con los requisitos, pues es mexicano, tiene más de 35 años y es licenciado con más de diez años de antigüedad.

Reconoció que Espino Santana no tiene carrera judicial. Y Abel Murrieta le replicó ¿cómo se va analizar su experiencia? ¿Porque es un distinguido miembro del PAN?

Y ´para concluir, Abel Murrieta citó a su compañero de bancada,  Humberto Robles Pompa, refiriéndose a los panistas en el gobernador del estado: “Están preparando la huida o la salida”.